lunes, 13 de febrero de 2017

Cuando me han citado en la prensa

Extrañamente, ambas veces en julio de 2016:



"Para el profesor de cátedra del Tec de Monterrey Campus Ciudad de México, Francisco García González, no es un tema de leyes, sino de voluntad:
“La razón de que parezca que un juicio político o una investigación independiente sobre las finanzas del presidente son escenarios impensables en México es porque las instituciones con la capacidad de hacerlos reales (el Congreso y la Secretaría de la Función Pública, respectivamente) lo decidieron así. Es decir, no es tanto que nos falten elementos legales, sino que falta que las cosas se hagan”.
No obstante, reconoce que hay diferencias institucionales con respecto a otros países: “En Estados Unidos, la Office of the Inspector General (OIG) tiene funciones similares a las de la Función Pública, pero actúa de manera independiente al Poder Ejecutivo”. En México el Secretario de la Función Pública aún será nombrado por el presidente, pero ahora tendrá que ser avalado por el Senado.
“Lo que tenemos, en cambio, es un presidente que no se deja evaluar, un Congreso que se rehúsa a hacerlo y organizaciones de la sociedad civil que buscan más protagonismo legislativo que entender la corrupción en México”, dijo García González a Aristegui Noticias."




"Un buena instantánea del fenómeno en México (los costos, la percepción, sus implicaciones) se puede encontrar en “México: anatomía de la corrupción” (IMCO-CIDE, 2015), de María Amparo Casar; una buena crítica a la metodología utilizada en ese informe se puede leer aquí."

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